La Secretaría Distrital de Salud expresa su preocupación ante la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social de excluir al Distrito de la mesa de trabajo destinada a revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), a pesar de que se solicitó formalmente su inclusión conforme a la Resolución 370 de 2025. 

La conformación de esta mesa de trabajo se convoca por el Ministerio a partir de una orden de la Corte Constitucional, que mediante auto 007 de 2025, declaró “el incumplimiento general en relación con el componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes” en el seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008. Con esta orden se indica la creación de una mesa de trabajo a fin de establecer un espacio participativo para evaluar la suficiencia de la UPC. 

Esta decisión es de gran relevancia, pues la insuficiencia de la UPC ha sido señalada como una de las principales causas de la crisis actual del sistema de salud. Al igual que otras entidades territoriales y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la Secretaría Distrital de Salud ha alertado sobre las consecuencias de este problema en la prestación de servicios de salud. 

El Ministerio, mediante la Resolución 370 de 2025, estableció los criterios para la conformación de la mesa de trabajo, sin que esto estuviera inicialmente en la orden, pues lo que se indicó fue la responsabilidad de su funcionamiento y ejercer su secretaría. 

La Secretaría Distrital de Salud solicitó su inclusión como participante, en atención a las competencias que la Ley 715 de 2001 otorga a los distritos y municipios en materia de aseguramiento en salud y cofinanciación del mismo con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), rentas cedidas y otros fondos de titularidad territorial. 

“La insuficiencia de la UPC afecta directamente la prestación de servicios de salud en Bogotá y en todo el país. Los distritos y municipios desempeñamos un papel fundamental en la garantía del acceso a la salud y la planeación del aseguramiento. No podemos ser excluidos de esta discusión, pues tenemos la responsabilidad de representar los intereses de nuestra población y aportar a la construcción de soluciones efectivas”, afirmó Juan Guillermo Correa, secretario Distrital de Salud encargado. 

En este sentido, esta entidad advirtió que la crisis inédita en el sistema de salud afecta no solo a los habitantes de Bogotá, sino también a las instituciones públicas y privadas de la ciudad, a los trabajadores del sector, a las aseguradoras que operan en el territorio y a todos los actores que participan en la prestación de los servicios de salud. 

Recordemos que la Ley 100 de 1993 establece que las entidades territoriales, incluidas las secretarías de salud, hacen parte del sistema. Por ello, la negativa del Ministerio a incluir a Bogotá en la mesa de trabajo atenta contra el derecho de las entidades territoriales a participar en decisiones que afectan su gestión y limita el ejercicio de sus competencias en un momento de incertidumbre y debate nacional. 

Frente a la Resolución 370 de 2025 sí es pertinente mencionar el informe de la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de la Procuraduría General de la Nación, del 13 de marzo de 2025, en el cual se concluye que con ese acto “se desconoce” las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 007 del 23 de enero de 2025 con violación sucesiva de la orden 24 de la T-760 de 2008.

 “Reiteramos nuestra disposición a contribuir en la construcción de soluciones para garantizar la sostenibilidad del sistema y el bienestar de la población. Los distritos y municipios tenemos el derecho de estar presentes en esa mesa”, concluyó el secretario encargado.